El 12 de agosto conmemoramos el día nacional e internacional de la juventud, sin embargo no tenemos mucho que celebrar, ello de cara a las constantes violaciones a los derechos humanos de la juventud, particularmente el derecho a la vida y el derecho al debido proceso, ambos consagrados en la Constitución Política de la República.
En diversas oportunidades organizaciones sociales hemos denunciado públicamente las violaciones a derechos humanos contra la adolescencia y juventud en el país, entre algunos hechos: la arbitrariedad, ilegalidad y abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil en la detención de adolescentes y jóvenes, y el involucramiento y participación de fuerzas de seguridad del Estado en ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de jóvenes.
Sólo en el 2007 se registraron 3,060 asesinatos de adolescentes y jóvenes, entre 14 y 29 años, de los cuales 276 eran mujeres y 2,784 hombres; asimismo, se registraron 21,994 detenciones de adolescentes y jóvenes en el mismo rango etáreo de los que 2,142 fueron mujeres y 19,852 hombres. Este año la tendencia puede incrementarse, considerando el aumento de la violencia y la represión policial en contra de la juventud, siendo más de 1,000 personas asesinadas en lo que va del año.
Los mismos medios de comunicación, otras instancias internacionales y organizaciones diversas han evidenciado la existencia y operación de estructuras que se encargan de la ejecución de jóvenes estigmatizados, la mal llamada limpieza social. Las características de los asesinatos así como los patrones de su muerte, manifiestan la práctica de una forma específica de actuar sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias para erradicar este tipo de hechos.
Ante esta situación de represión y criminalización hacia la juventud y la exclusión y discriminación a la que se enfrenta, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, EXIGE:
Al Ministro de Gobernación continuar con la depuración de la PNC y llevar a los tribunales de justicia a aquellos elementos que forman parte de estas estructuras y que están vinculados en violaciones a derechos humanos.
De igual forma al Ministerio Público, cumplir con su mandato de persecución penal apegado a derecho, sin seguir generando investigaciones y acusaciones sin fundamento en contra de adolescentes y jóvenes que han sido privados de libertad, únicamente para justificar su “eficacia”, violentado cotidianamente el derecho al debido proceso y que sólo ha generado la privación de libertad de adolescentes y jóvenes por largos períodos sin contar con pruebas reales y contundentes, pero que ello ha dañado la integridad e imagen de las y los jóvenes.
Además, demandamos al Gobierno de Guatemala la inmediata implementación del Plan Nacional para el Desarrollo de la Juventud, compromiso de campaña, designando los recursos económicos y humanos necesarios, lo que sin duda contribuirá al desarrollo integral de la juventud y la disminución de la violencia de y contra la juventud.
Asimismo, exigimos al Estado de Guatemala respetar el derecho a la libertad, la organización, participación y expresión de la juventud, ya que estamos a un paso de entender los hechos arriba enunciados como una Política de Estado de Represión y Criminalización hacia la juventud.
Por el derecho a un país justo
Guatemala, 14 de agosto de 2008
CALDH JUVENTUD juventud@caldh.org |
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