Durante la preparación y celebración del Año Internacional de la Juventud, en la primera mitad de los años ochenta, apenas existían tres países con instituciones gubernamentales especializadas en promoción juvenil en América Latina: el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) de Costa Rica, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) y el Ministerio de la Juventud de Venezuela. Desde entonces, se han creado instituciones de este tipo en todos los países de región, lo cual es un indicador evidente de los avances concretados en este sentido.

Pero, ¿de qué tipo de instituciones estamos hablando?; ¿qué tipo de roles y funciones están desempeñando?; ¿cuáles han sido sus impactos efectivos en la dinámica de las políticas públicas de juventud y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los jóvenes?; ¿con qué recursos –humanos, infraestructurales, financieros- han contado?; ¿qué tipo de orientaciones han impulsado?; ¿qué evaluaciones se han hecho de su funcionamiento efectivo?; ¿cómo podría potenciarse su incidencia efectiva en el futuro próximo?.

El análisis comparado que realizamos en las páginas que siguen, demuestra que se trata de instituciones muy diversas entre sí; mientras algunas son Institutos Nacionales que gozan de cierta autonomía de funcionamiento, otras son simples Direcciones de algún ministerio, otras son “Programas Presidenciales” y hasta hay algunas con rango ministerial (Secretarías de Estado, propiamente dichas). Pero en general, han contado con escasos recursos y han tenido una escasa incidencia en la dinámica de las políticas públicas de juventud.

En general, en las leyes y decretos que las han creado, se han asignado –con gran amplitud- toda clase de roles y funciones a desempeñar, pero se han priorizado los relacionados con la articulación interinstitucional, el monitoreo y la evaluación de planes y programas, al tiempo que se han restringido –con ambigüedades en algunos casos en particular- los roles ligados a la ejecución directa de planes y programas destinados a la juventud. En la práctica, en cambio, muchas de estas instituciones han ejecutado diversos programas directamente, entrando en conflicto –muchas veces- con otras instancias institucionales.

En la mayor parte de los casos, junto con las instituciones gubernamentales de alcance nacional o federal (según sea la organización institucional del Estado en cada país), existen instancias institucionales estaduales o departamentales (regionales, provinciales) y municipales o locales. En paralelo, en varios casos se cuenta con Comisiones de Juventud en los Poderes Legislativos, y con instancias especializadas en niñez y adolescencia (por ejemplo) en los Poderes Judiciales. Si bien incluimos este tipo de instancias institucionales en algunos casos, este análisis se concentra en la evaluación de las instituciones de alcance nacional o federal, adscritas al Poder Ejecutivo.

Para ello agrupamos los países que cuentan con Ministerios, los que cuentan con Institutos, los que cuentan con Direcciones y los que cuentan con otros formatos institucionales, analizando semejanzas y diferencias, y evaluando la relevancia efectiva de cada uno de dichos formatos. El balance no es muy alentador. En la mayor parte de los casos, estamos ante instituciones débiles, carentes de recursos y de efectivos respaldo políticos, con escasos niveles de legitimidad institucional, todo lo cual obliga a re-pensar el sentido y los enfoques de estas instituciones. Los principales dilemas futuros se ubican –seguramente- en el terreno de los roles a jugar: ¿rectoría y ejecución o animación y articulación? Buena parte del éxito se medirá en función de las opciones que se asuman en este sentido.