Con base en la información vigente sobre el crecimiento de las maras, su composición, sus intereses, su relación especialmente distante y agresiva con la sociedad y la policía y entre las pandillas mismas, los delitos que cometen, sus expectativas de vida, las razones que aducen para ingresar y permanecer o salirse de las maras, se presenta la siguiente propuesta: “Liderar una acción gubernamental, interagencial e intersectorial en la región mesoamericana, pero en especial en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, para que la situación actual que se vive con respecto a las maras o pandillas juveniles violentas sea tratado con criterio de Conflicto Social Especial e Internacional y por tanto se defina la conveniencia de disponer de una política pública en cada nación, coordinada por y entre los gobiernos, para trabajar en conjunto en la búsqueda de una solución del conflicto considerando la ( Negociación) (mediación) (conciliación) Socio Política del mismo.”
El problema de las pandillas juveniles en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua merece y requiere un abordaje especial, basada en una política social explícita. Para ello es necesario disponer de una política de estado que se construya a partir de la caracterización del fenómeno como un Conflicto Social Especial e Internacional . En este orden de ideas se busca disponer de un espacio democrático donde el gobierno, la policía, la justicia, el sector educativo, salud, derechos humanos, la academia, las organizaciones de la sociedad civil dirijan sus esfuerzos por la prevención y la recuperación social del conflicto y sus actores principales, los jóvenes mareros. Se buscará igualmente fortalecer los espacios de socialización fundamentales de la sociedad como la familia, la escuela, los medios de comunicación, la ciudad, el mercado laboral, etc., así como se creen de nuevos "lugares" y mecanismos institucionales para la solución de los conflictos, de pedagogía para la convivencia, la comunicación y la expresión de sentimientos.
Si el gobierno acoge esta propuesta, entonces se deben definir mecanismos para su implementación, lo cual pasa por definir consultas con las partes interesadas (gobierno, sociedad civil, los mareros mismos, las comunidades, ONG), criterios de negociación, tiempos, asesorías de organismos como las NU o la OEA, en fin se pasaría a una segunda etapa de preparación para la negociación. La Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia puede ser un instrumento para el impulso de esta propuesta. Dentro de ella la OEA y la UNESCO tienen experiencia en negociación de conflictos. Los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo podrían gestionar recursos, la USAID podría definir inversiones significativas, la OPS podría facilitar la mediación.
Aun cuando no sea acogida esta propuesta creo se debe convocar, a un foro, diálogo o conversatorio con personas y entidades claves que puedan aportar en la búsqueda de soluciones. Sería un espacio para discutir alternativas para abordar el problema con una visión nacional y amplia. Si la propuesta de negociación se acoge, con mayor razón es urgente realizar este tipo de consultas con tomadores de decisión.
* Propuesta formulada por Alberto Concha Eastman (experto de la OPS) en el Foro de la CCPVJ realizado en San Salvador, el 26 de Octubre de 2006. |
