Adhiriéndonos a las celebraciones del Día Internacional de la Juventud, convocado este año por las Naciones Unidas bajo el lema “Juventud y Pobreza”, dedicamos este “país del mes” del Portal al análisis de estos temas en nuestra región, con la intención de darle más visibilidad a una de las formas de discriminación que más afecta a nuestros países y sobre la que –lamentablemente- poco y nada se habla: las desigualdades intergeneracionales.

En efecto, los debates centrados en la pobreza en América Latina han destacado históricamente como la pobreza afecta más a las poblaciones rurales que a las urbanas, a las mujeres más que a los varones, a los indígenas y negros más que a los blancos, a los menos educados respecto a los que han tenido más oportunidades en estos dominios, a los que no tienen empleos o cuentan tan solo con empleos precarios respecto de aquellos que han tenido mejor suerte en términos de inserción laboral, y así sucesivamente.

Pero casi nunca se destaca que la pobreza afecta mucho más marcadamente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, respecto a los adultos en general y sobre todo a los adultos mayores. En Uruguay, por ejemplo, que es el país que ostenta los menores niveles de desigualdad social de la región (medido en términos de distribución de los ingresos) la pobreza afecta al 57 % de los menores de 5 años y apenas al 8 % de los mayores de 65 años, pero cifras similares se reiteran en casi todos los países latinoamericanos.

Sin duda, esto no ocurre por casualidad. En realidad, es un efecto directo de las prioridades que tienen las políticas públicas, que no son otra cosa que el resultado de las múltiples presiones corporativas que reciben nuestros gobiernos al momento de asignar recursos. Y como los jóvenes no se organizan ni actúan corporativamente, sus necesidades jamás se ubican entre las prioridades de la “agenda” pública.

Incluso cuando se procesan cambios en algunas de las principales políticas públicas, las y los jóvenes terminan notoriamente perjudicados. Es el caso –por ejemplo- de las reformas de la seguridad social procesadas en estos últimos años, que han perjudicado a las nuevas generaciones por doble vía: aumentando su capacidad contributiva actual (en tanto trabajadores activos) y disminuyendo los montos de las jubilaciones futuras.

Las y los jóvenes deberían ser priorizados en las estrategias de combate a la pobreza, tanto en su calidad de beneficiarios (son muchos los jóvenes pobres) como en su calidad de actores estratégicos del desarrollo, incorporando –por ejemplo- en dichas estrategias, componentes relacionados con el montaje de programas de voluntariado juvenil, al servicio del combate a la pobreza. Las nuevas generaciones podrían mostrar –de este modo- que pueden hacer contribuciones sustanciales al desarrollo de nuestros países, y nuestras sociedades (y no solo los jóvenes) serían ampliamente beneficiadas.