La
Meta 18, por su parte, establece:
“en colaboración
con el sector privado, facilitar la disponibilidad de los
beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente
las de información y comunicación”,
y adopta dos indicadores para medir los avances: (i) líneas
de teléfono cada 1000 habitantes, y (ii) computadoras
personales cada 1,000 habitantes. Aunque no se menciona el
tema “jóvenes” explícitamente en
ningún momento, es evidente que el vínculo entre
las nuevas generaciones y las tecnologías de la información
y la comunicación (TICs) es sumamente relevante.
Los informes disponibles sobre “sociedad de la información”
en América Latina (ver, por ejemplo, el sitio web
www.eclac.cl/socinfo)
muestran los importantes avances que se vienen logrando (sobre
todo en algunos países) al tiempo que muestran –también-
las importantes brechas existentes.
“En el período
2000-2003, los países de América Latina y el
Caribe acortaron la brecha respecto de los países desarrollados,
aunque la misma sigue siendo grande”(2) . La otra
brecha importante, es la que se constata al interior de nuestros
países, esfera en la cual las tendencias también
indican avances, aunque persistan disparidades muy significativas,
sobre todo en lo que hace al acceso a TICs a nivel privado.
Por ello, los gobiernos de la región vienen invirtiendo
recursos en gran escala en fórmulas de acceso público,
a través de tres estrategias:
“oferta directa
por el Estado, subsidio mínimo mediante fondos de acceso
universal, y fondos de inversión, por cuyos recursos
compiten las empresas locales. El resultado ha sido un fuerte
crecimiento de estos centros de acceso público. Considerando
ocho países para los cuales se dispone de datos y sin
tener en cuenta la oferta privada, se estima que el número
de centros de acceso público auspiciados por gobiernos
aumentó de 50 en 1996 a 4.900 en 2001 y a 6.000 en
2002 aproximándose a 10.000 en las últimas cifras
disponibles” (idem).
Otro indicador relevante en estos dominios, es el relativo
al acceso a TICs en establecimientos escolares, y también
en este aspecto se van concretando algunos avances importantes,
aunque la situación diste –todavía- en
gran medida de ser satisfactoria. Así, mientras que
en algunos países como Chile, 75 % de los establecimientos
educativos tienen acceso a internet, en otros como Perú,
apenas el 0,5 % de los establecimientos cuentan con estas
herramientas comunicacionales. Colombia, por su parte, se
encuentra en una situación intermedia (como muchos
otros países de la región) con un 6,3 % de los
establecimientos educativos con acceso a internet. Las políticas
públicas que se aplican en los diferentes contextos
nacionales, explican en buena medida estas significativas
diferencias.
En la misma línea, se viene avanzando en el desarrollo
del denominado “gobierno electrónico”.
Un indicador al respecto, es la cantidad de sitios web de
organismos públicos (ministerios, alcaldías,
etc.) terreno en el cual –de acuerdo a las estadísticas
comparadas de Naciones Unidas- también se vienen produciendo
cambios importantes. Así, algunos países (como
Colombia y Venezuela) han avanzado notoriamente, mientras
que otros (como Argentina, México y Chile) aunque están
más avanzados, han ido perdiendo posiciones en el ranking
mundial.
En todo caso -como se sabe- hay tres requisitos para un acceso
pleno a las TICs: el acceso físico (terreno donde las
zonas rurales tienen evidentes desventajas frente a las principales
ciudades), el acceso económico (terreno en el que los
sectores de menores ingresos enfrentan dificultades notorias)
y el acceso socio-cultural (en cuyo marco, el nivel educativo,
el origen étnico, el género y la edad, influyen
notoriamente).
Así,
“para una localización geográfica
y un nivel de ingreso dados, los jóvenes tienden a
usar las TIC más frecuente y eficazmente que los adultos
mayores” (idem), lo cual muestra las oportunidades
que se abren en el trabajo con jóvenes en estos dominios.
Las cifras disponibles indican que en Colombia –por
ejemplo- la edad promedio es de 33 años a nivel general,
mientras que la de un usuario de televisión es de 33,7
años, la de un usuario de computadora es de 25,2 años
y la de un usuario de internet es de 24,3 años (idem).
Evidentemente, estamos ante una “ventaja comparativa”
significativa, que debiera tenerse en cuenta al momento de
diseñar políticas públicas en estos dominios,
potenciando al máximo estas potencialidades radicadas
en las nuevas generaciones.
La reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
(realizada en Túnez en noviembre de 2005) tomó
nota y destacó este aspecto en su Declaración
Final, al incluir el punto 25 que dice textualmente:
“Reafirmamos
nuestro compromiso con la capacitación de los jóvenes
como contribuyentes clave para la construcción de una
sociedad de información integradora. Fomentaremos activamente
la contratación de los jóvenes para programas
de desarrollo basados en las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) y ampliaremos las
oportunidades de participación de la juventud en procesos
de ciber estrategia".
Sin duda, se trata de un aspecto clave de la construcción
de la sociedad de la información y de la integración
social de las y los jóvenes, por lo cual, habrá
que seguir de cerca los avances que se vayan produciendo en
estos dominios.
(2)
CEPAL – ALIS (2005) Políticas Públicas
para el Desarrollo de Sociedades de Información en
América Latina y el Caribe. Santiago.

