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De acuerdo a la Convocatoria respectiva, “la educación, en todas sus modalidades y niveles, constituye para la ciudadanía uruguaya una de las principales prioridades nacionales”. En la misma línea, se sostiene que “es un derecho fundamental y universal, cuyo ejercicio impulsa la realización personal, el desarrollo democrático y contribuye a un bienestar asentado en la más amplia justicia social”. “Debido al reconocimiento de su importancia –agrega la convocatoria- Uruguay pudo enorgullecerse en el pasado de contar con uno de los mejores sistemas educativos de América Latina. Sin embargo –se acota- distintas circunstancias determinaron que en las últimas décadas nuestra educación viera mermados tanto sus recursos como la calidad de sus resultados”. Con este enfoque, y haciéndose eco de los reclamos formulados por una amplia gama de actores sociales y políticos, el Gobierno Nacional – a través del Ministerio de Educación y Cultura- convocó en el comienzo mismo de su gestión en abril de 2005 a un gran debate educativo, tendiente a analizar las bases de una futura reforma educativa, que incluyera la aprobación de una nueva Ley de Educación. Para ello, conformó un Comité Especial con personalidades de todos los sectores políticos y sociales, presentó unas bases iniciales (generales pero precisas y ambiciosas) para orientar los debates y comenzó a desplegar esfuerzos para lograr que la ciudadanía participara activamente del mismo. Si bien la convocatoria se realizó con un criterio amplio y abarcativo, la misma no tuvo la receptividad esperada en el conjunto de la sociedad, lo cual ha quedado claramente reflejado en los escasos niveles de participación ciudadana en los diferentes encuentros locales realizados en todo el país. En realidad, apenas los sectores corporativos más directamente relacionados con la dinámica educativa (en particular los propios gremios de la educación) han formulado propuestas, lamentablemente centradas –casi exclusivamente- en aspectos operativos (gobierno de la educación) y financieros (presupuesto, etc.) sin formular propuestas innovadoras, pertinentes y oportunas en relación a los contenidos y a las metodologías a utilizar en la dinámica educativa. En este marco, los debates se han quedado –en el mejor de los casos- en el análisis de los aspectos más estrictamente curriculares y metodológicos de la enseñanza formal, pero han descuidado en buena medida muchos otros componentes (educación para la democracia, educación para la innovación, educación informal, educación para la vida, etc.) que las propias bases propuestas propusieron entre las principales prioridades a analizar. De todos modos, algunas de estas dimensiones han sido planteadas desde algunas ONGs (que cuentan con respaldos gubernamentales) como es el caso de las propuestas de Iniciativa Latinoamericana (Inlatina) en el terreno de la educación en afectividad y sexualidad, aportando una “estrategia lúdica para el abordaje de la afectividad y la sexualidad en aula y comunidad”, que acaba de presentarse públicamente en los salones de la Intendencia Municipal de Montevideo. En cualquier caso, el esfuerzo que se viene realizando desde el gobierno merece ser reconocido desde todo punto de vista y habrá que esperar para evaluar los resultados que finalmente se obtengan. |
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