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El Programa de Apoyo a la Infancia, la Adolescencia y la Familia en Riesgo (Infamilla) comenzó a operar a fines de 2002, con el apoyo de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y un presupuesto de alrededor de 40 millones de dólares. Originalmente, el programa diseñó un amplio conjunto de iniciativas programáticas, pero las primeras etapas coincidieron con la gran crisis económica acaecida a mediados de aquel año, lo cual, sumado a las incertidumbres sobre la continuidad o el cambio de gobierno que pudiera producirse con las elecciones de 2004, y teniendo en cuenta diversas dificultades operativas del equipo técnico responsable, llevaron a que se ejecutara en muy escasa medida. Cuando asumió el nuevo gobierno, el programa que estaba radicado en la Presidencia de la República pasó a formar parte de las acciones del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) creado por el nuevo gobierno, y el equipo técnico que asumió funciones reformuló varias de las estrategias originalmente diseñadas. Así, se suprimieron iniciativas vinculadas con capacitación e inserción laboral de jóvenes (para no superponerlas con el PROJOVEN ya existente) y se concentraron las acciones en el objetivo de la retención escolar, como principal respuesta de integración de adolescentes en situación de riesgo. Durante el primer año de gestión (2005) y de acuerdo al Informe presentado al Parlamento Nacional (como parte de la “rendición de cuentas del Poder Ejecutivo), Infamilia formó a casi 700 promotores juveniles (con el apoyo de cinco organizaciones de la sociedad civil) para operar en diversas acciones específicas (animación de casas de la juventud, apoyo a programas de salud sexual y reproductiva, etc.) al tiempo que 50 médicos y otros 40 agentes capacitados realizaron un seguimiento sistemático y permanente a 1.500 madres y padres adolescentes, apoyándolos en el desempeño de su paternidad/maternidad. También se trabajó con más de 400 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en convenio con el INAU, procurando su integración social efectiva, sobre todo en el plano educativo. En la misma línea, se trabajó con más de 300 familias en las que se verificaron casos de explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, brindando orientación y apoyos específicos, en conjunto con las respectivas instituciones especializadas. En paralelo, se trabajó intensamente en el marco del Comité de Coordinación Estratégica (organismo colectivo con participación de una amplia gama de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con las que se comparten acciones y objetivos, creado en el marco del Programa) en el diseño de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (2006-2010), pensada como el principal marco para la identificación de prioridades y el diseño de respuestas programáticas generales y específicas. En la misma línea se apoyó decididamente la labor del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y el fortalecimiento institucional de todas aquellas instancias (públicas y privadas) que operan en estos dominios. El trabajo ha continuado a buen ritmo durante este año, y se espera seguir avanzando en los próximos años, profundizando el desarrollo de aquellas líneas estratégicas que logren más y mejores impactos en los destinatarios. |
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