Como en muchos otros campos, en Uruguay se hizo la Primera Encuesta Nacional de Juventud de la región latinoamericana en 1990, anticipándose a muchas otras que –después- se consolidaron como una herramienta fundamental para el diseño de políticas públicas (los ejemplos de Chile y México son, seguramente, los casos más destacados). Pero como en muchos otros casos –también- aquel esfuerzo pionero no se pudo mantener en el tiempo con la regularidad necesaria, y ello explica que –en la actualidad- no se disponga de cifras estadísticas lo suficientemente actualizadas y desagregadas como para poder realizar una caracterización rigurosa y sistemática de la realidad juvenil.

De todos modos, se cuenta con algunos indicadores parciales que –en casi todos los casos- reflejan un cuadro de aguda exclusión social juvenil. Así, los indicadores de empleo siguen mostrando que –en promedio- la mitad de todos los desempleados son menores de 25 años (esto es así desde que se llevan estadísticas regulares, es decir, desde los años sesenta) y otro tanto ocurre con los subempleados. Por su parte, si bien la matrícula de ingreso en la enseñanza media ha mostrado un claro aumento en los últimos años, apenas un tercio de los jóvenes completan el ciclo básico y muy pocos completan el bachillerato, siendo aún menos los que pueden ingresar y –sobre todo- egresar de la enseñanza superior (universitaria).

En cualquier caso, al momento de cruzar educación y empleo, el dato más preocupante es el elevado número de jóvenes (aproximadamente un tercio) que ni estudia ni trabaja, mostrando la realidad de uno de los grupos más excluidos en estos dominios. También hay que destacar la situación diferenciada por sexos: mientras las mujeres muestran mejores indicadores educativos, la discriminación y la exclusión laboral las afectan en mucho mayor medida que a sus pares varones. Y otro tanto habría que hacer entre Montevideo y el Interior (una de las principales “fronteras” existentes en el Uruguay) en perjuicio de quienes habitan fuera de la capital, que enfrentan más dificultades que los montevideanos.

Últimamente, se han conocido los resultados de algunas encuestas que suman –a este complejo cuadro de exclusión social juvenil- algunos otros datos preocupantes en relación a las denominadas “conductas de riesgo”. Así, se acaba de difundir una encuesta que señala que uno de cada cuatro jóvenes ha declarado haberse intoxicado (emborrachado) con alcohol en el último mes, al tiempo que la sociedad en su conjunto se encuentra altamente preocupada por los elevados niveles de consumo de drogas de muy baja calidad (como la denominada “pasta base”) que causan daños irreparables en plazos muy cortos en quienes las consumen. Se trata de indicadores que han “explotado” en los últimos años, y que se suman a otros igualmente preocupantes, vinculados con la elevada presencia de jóvenes en accidentes de tránsito (principal causa de muerte entre varones jóvenes) y con las elevadas tasas de embarazo precoz o temprano (un tercio de las adolescentes de entre 15 y 19 años han tenido un hijo o están en proceso de tenerlo).

Quizás, el indicador que mejor resume este “estado de situación”, es el vinculado con los niveles de pobreza diferenciando grupos de edad, que muestran un marcado contraste: mientras que entre los menores de 12 años se ubica por encima del 50 % y entre los adolescentes de 13 a 17 se ubica en el 43 %, en los mayores de 65 años es de apenas 9.4 %.

¿Cómo se explica esta elevada exclusión juvenil? Se han ensayado muchas respuestas, pero más allá de algunos argumentos más coyunturales, resulta evidente que una sociedad envejecida y gerontocratizada como la uruguaya, se organiza en función de los intereses y las necesidades de sus sectores poblacionales más relevantes. Así, los servicios más elementales (en el terreno de la salud, por ejemplo) están concentrados en los más viejos, al igual que los espacios físicos de las principales ciudades, donde los parques y las plazas están pensados como un espacio de reposo y tranquilidad, en los que los jóvenes no hacen otra cosa que “molestar”.

Y si este tipo de argumentos pueden parecer “anecdóticos” y carentes de valor efectivo, no hace falta más que analizar la distribución del gasto público social (Uruguay está en el primer lugar en este tipo de indicadores en América Latina desde siempre, con el 60 % del gasto total y el 20% del PBI invertidos en programas sociales), para constatar que el 70 % del mismo se concentra en la seguridad social (que beneficia al 90% de los mayores de 65 años en el Uruguay, en comparación con el 42% en Costa Rica, el 26 % en México o el 13% en Venezuela). En contraposición, el gasto social en educación es de apenas el 3% del PBI, sólo superior al de El Salvador, Guatemala y Honduras, en toda la región, según las cifras proporcionadas por la CEPAL en el Panorama Social de América Latina .