Las políticas de juventud tienen, en el Uruguay, importantes antecedentes, al punto que durante cierto tiempo, esta experiencia fue referencia para el diseño y la implementación de planes y programas en estos dominios en muchos otros países latinoamericanos.

Más allá de la fecunda reflexión que la denominada “generación del 45” hizo sobre los jóvenes, en el marco de un concurso impulsado por el Semanario Marcha en los años cincuenta, y de los importantes enfrentamientos sociales y políticos de los años sesenta, que tuvieron como protagonistas a importantes generaciones de jóvenes, las políticas públicas de juventud comenzaron a tener cierto desarrollo en la transición de la dictadura a la democracia, a comienzos de los años ochenta. La creación de instituciones no gubernamentales especializadas (como Foro Juvenil en 1981) y la re-construcción de movimientos juveniles (como la ASCEEP-FEUU en 1983) fueron algunos de los principales indicadores de aquella fermental etapa, luego de casi una década de oscurantismo y desmovilización social y política, impuesta a partir del Golpe de Estado.

La celebración del Año Internacional de la Juventud (AIJ) en 1985, ayudó en buena medida a desarrollar algunas actividades públicas (en un contexto donde todo estaba prohibido por el gobierno militar) impulsadas por jóvenes agrupados –muy informalmente- en espacios como la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica o en el seno de organizaciones gremiales a nivel rural, sindical y cooperativo (entre otras). Para ello, se conformó –con la animación central de Foro Juvenil- el denominado Comité No Gubernamental para el Año Internacional de la Juventud, que congregó a una amplia gama de instancias juveniles y de trabajo con jóvenes, constituyéndose en una importante instancia de concertación a este nivel, reconocida incluso por la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) responsable de definir los acuerdos centrales para procesar buena parte de los componentes de la transición democrática y la instalación del nuevo gobierno a partir de 1985.

En este marco, se desarrollaron las primeras reflexiones sistemáticas y específicas sobre juventud y políticas de juventud, en un momento donde solo algunos pocos países de la región (México, Costa Rica, Venezuela) contaban con instituciones especializadas en estos dominios. Así, se trabajó intensamente para lograr que –en democracia- se creara el Instituto Nacional de la Juventud y se desarrollaran iniciativas pertinentes y oportunas a favor de las y los jóvenes. El gobierno del Partido Colorado instalado en 1985, creó apenas una instancia articuladora (la Comisión Coordinadora de la Juventud) y le tocó al siguiente gobierno (en manos del Partido Nacional) crear efectivamente el INJU en 1990.

Los primeros años noventa fueron testigos de un fuerte impulso a las políticas de juventud, destacándose la aprobación de iniciativas legislativas (como el establecimiento de la mayoría de edad a los 18 años a todos los efectos y la Ley de Fomento del Empleo Juvenil), el desarrollo de programas innovadores de mayor alcance (como el PROJOVEN a nivel laboral) y el diseño de pretenciosas iniciativas programáticas (como la propuesta de Plan Integral de Juventud para el período 1995-2005, diseñada en 1993 y que lamentablemente no pudo ponerse en práctica). Pero estos mismos años (en la segunda mitad de los noventa) fueron testigos –también- de las fuertes resistencias burocráticas a los intentos de cambio (la sectorialidad de las políticas públicas fue impenetrable, el aislamiento en el trabajo promocional de los principales actores no pudo superarse, etc.) y de la acumulación de errores estratégicos cometidos por las sucesivas administraciones de las instituciones especializadas (notoriamente en el caso del INJU) que priorizaron en todo momento el activismo de corto plazo por sobre los esfuerzos programáticos de mediano y largo plazo.

Con el paso del tiempo, y ya ubicados en el nuevo milenio, durante el período 2000-2004 aquel impulso de inicios de los noventa perdió toda su fuerza, las inercias burocráticas se impusieron sin discusión y las políticas de juventud impulsadas desde las instituciones especializadas, pasaron a ocupar espacios marginales de la gestión pública, a excepción de algunos esfuerzos de la Comisión de Juventud de la Intendencia Municipal de Montevideo, que aportó en el período un importante espacio de encuentro y creatividad juvenil en el campo cultural, a partir –sobre todo- de la denominada “Movida Joven”, que ha logrado imponer cambios relevantes y sumamente positivos en la dinámica de varias expresiones artísticas (rock, murgas, teatro, etc.) en el conjunto de la sociedad (ver nota aparte).

Este fue –esquemáticamente planteado- el escenario que se encontró –en estos dominios- el gobierno encabezado por el Dr Tabaré Vázquez, al asumir sus funciones en marzo de 2005, y sobre esta base se comenzó a operar para tratar de revertir los principales problemas que aquejan a las nuevas generaciones, en un país envejecido y en buena medida conservador.

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