 Ubicados ya en la segunda mitad del período de gobierno del elenco encabezado por el Presidente Oscar Berger, importa revisar cuanto se ha avanzado y cuanto queda por hacer en el terreno de las políticas públicas de juventud, dando al análisis la necesaria perspectiva histórica, en un país caracterizado por la presencia de una amplia y heterogénea población indígena, altos niveles de pobreza y una fragilidad democrática todavía preocupante.
En esta entrega, presentamos algunos trazos sobre la situación de las y los jóvenes guatemaltecos, al tiempo que sintetizamos los principales antecedentes existentes en el dominio de las políticas públicas de juventud. Sobre esta base, ofrecemos una síntesis de la Política Pública de Juventud 2005-2015, presentada públicamente por el Presidente de la República a mediados de 2005, así como un Anteproyecto de Ley de Juventud presentado por la Coordinadora Juventud por Guatemala, que agrupa una amplia gama de jóvenes.
En la misma línea, incluimos un reportaje exclusivo a Fernando García, Secretario General del CONJUVE (Consejo Nacional de la Juventud), recientemente electo –además- Presidente de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ). En este marco, García evalúa el camino recorrido y proyecta los principales desafíos para el futuro inmediato, pensando en el legado que aspira a dejar al próximo gobierno en estos dominios.
Otra de las secciones de esta entrega de “país del mes”, ofrece una apretada presentación de diversas experiencias gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en el campo de la violencia relacionada con jóvenes, tanto en términos de prevención, como de tratamiento y/o rehabilitación. Como se sabe, este es uno de los grandes problemas que Guatemala comparte con países vecinos (como Honduras y El Salvador) en lo que atañe al fenómeno de las “maras” o pandillas juveniles.
Como se podrá apreciar, la política pública de juventud de Guatemala está formulada con base en el denominado enfoque de derechos, en línea con esfuerzos similares que se han realizado últimamente en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Si bien todavía no se cuenta con el Plan de Acción que permita operativizar las principales líneas rectoras de la política pública, el texto permite comprobar que –por primera vez- se cuenta en el país con un instrumento de estas características, perfectible, sin duda, pero relevante.
En todo caso, esta entrega de “país del mes” nos ofrece un panorama –siempre incompleto pero útil para una primera ubicación- de un país muy particular, que enfrenta complejos desafíos con la esperanza de consolidar una sociedad más próspera, más democrática y más equitativa, superando resueltamente los problemas estructurales que viene arrastrando desde hace décadas. Como siempre, esperamos los comentarios del caso.
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