Otra área prioritaria en la que se pretende impulsar una precisa y dinámica articulación de esfuerzos, es la relacionada con la prevención de la violencia, esfera en la cual se enfrentan problemas sumamente graves (altas tasas de homicidios en jóvenes, violencia doméstica, violencia institucional, inseguridad pública, violaciones de derechos humanos, etc.) y donde también existen numerosas iniciativas, sin niveles significativos de coordinación efectiva e impulsadas con enfoques diferentes (y hasta contradictorios) en varios planos relevantes.

Por un lado, hay que destacar la existencia del Programa de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Vinculadas a Maras o Pandillas (PPRRS) creado en 2004 (dando cumplimiento a una Ley aprobada en 2001) que funciona en la órbita de la Presidencia de la República, sin que se tenga una visión clara acerca de cuales han sido sus aportes efectivos en materia de articulación de esfuerzos (una de las misiones determinadas en la Ley) y con una gran incertidumbre sobre cual será su futuro.

Por otra parte, habría que mencionar el Programa de Paz y Convivencia para el Valle del Sula, que coordina la Alcaldía de San Pedro Sula, y cuenta con el respaldo del BID. El programa tiene ya varios años de aprobado, pero enfrentó serias limitaciones en su implementación, lo que llevó al BID a suspender su aplicación el año pasado, estando actualmente a estudio la reinstalación del programa y su nueva puesta en funcionamiento (seguramente sobre nuevas bases y acuerdos de trabajo).

Asimismo, hay que mencionar diversas iniciativas que se impulsan desde la Secretaría de Seguridad, sobre todo en lo que atañe a la re-calificación de la policía y a la reformulación de los modelos de intervención con los que se atendían los problemas relacionados con estas dinámicas. Así, en un plano notoriamente diferente al puramente represivo que predominó en la anterior administración de gobierno (la clásica “mano dura”) las actuales autoridades están tratando de operar con base en un respeto efectivo de los derechos humanos y con un énfasis marcado en la prevención.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, el INJ cree que sería conveniente proceder a una efectiva articulación de estas y otras iniciativas similares actualmente en fase de diseño y/o implementación, y está proponiendo conformar un Grupo de Trabajo que encare este importante desafío, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en América Latina, aprendiendo –sobre todo- de las experiencias de ciudades como San Pablo (Brasil) y Bogotá (Colombia) donde la violencia ha disminuido notoriamente, como efecto de las políticas públicas integradas aplicadas durante los últimos lustros.

El Instituto Nacional de la Juventud, al igual que en el ejemplo anterior (capacitación y empleo de jóvenes) se propone jugar un activo rol en este intento de articulación, ofreciendo propuestas integradoras, pertinentes y oportunas, para facilitar los diálogos correspondientes, tanto con los diferentes organismos gubernamentales involucrados, como con las ONGs más activas en estos dominios y hasta con la cooperación internacional que viene apoyando estas iniciativas. El propio PPRRS podría funcionar mejor en la órbita del INJ, por lo que se está evaluando la pertinencia del correspondiente traslado.

ARRIBA