Analizando la oferta pública disponible destinada a juventud, se han identificado varias iniciativas institucionales y programáticas relacionadas con la capacitación y la inserción laboral de jóvenes, ya diseñadas y en sus primeras fases de implementación efectiva, que funcionan con escasos niveles de articulación efectiva.

  La Secretaría del Trabajo está impulsando el Programa Primer Empleo y el Programa Proempleo, dirigidos a 14.000 jóvenes en situación de riesgo, con una inversión prevista de casi 15 millones de dólares (aportados por el BID y el Banco Mundial), ejecutados con la colaboración de CADER (una entidad privada de formación laboral).

  El PRAF (Programa de Asignaciones Familiares) administra el denominado “bono juvenil” que cuenta con 30 millones de lempiras para beneficiar a 10.000 jóvenes en riesgo, que quieran formarse en algún oficio particular o impulsar algún microemprendimiento productivo.

  El INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional) está ejecutando un proyecto similar, ofreciendo capacitación en 10 oficios (ya está operando con 1.500 jóvenes, de un total de 11.500 censados a estos efectos). Los egresados son vinculados luego a programas de fomento de microempresas, apoyados técnica y financieramente.

  Asimismo, el INFOP ha suscrito acuerdos con empresas maquiladoras, con ANDI (Empresarios de la Industria) y con el sector ganadero, para la formación de trabajadores mayoritariamente jóvenes (ya empleados y a emplear) invirtiendo alrededor de 20 millones de lempiras, de manera compartida (INFOP – empresas).

  El FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social) cuenta con el Fondo para Infancia y Juventud y otras iniciativas similares, concentradas –en estos dominios- en el fomento de microempresas juveniles y la oferta de cursos de capacitación correspondientes, operando sobre todo en ámbitos locales, en respaldo a programas municipales.

Evidentemente, existen iniciativas que ya cuentan con los recursos correspondientes, pero las articulaciones entre las mismas son prácticamente inexistentes, lo cual les resta eficacia y limita los impactos correspondientes en los beneficiarios.

Por ello, el INJ se ha propuesto impulsar una instancia de articulación en estos dominios, que permita que todas estas acciones se articulen más y mejor en el futuro, tratando de contar con herramientas comunes para la selección de beneficiarios y definiendo conjuntamente las estrategias de implementación, monitoreo y evaluación.

En este sentido, se viene discutiendo la necesidad de cuestionar el enfoque dominante (centrado en el financiamiento de la oferta) y de reorientar los esfuerzos centrando las estrategias en enfoques alternativos (financiamiento de la demanda) tratando de que los recursos lleguen lo más directamente posible a las y los beneficiarios.

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