Los textos finalmente consensuados (Anteproyecto de Ley y Lineamientos de Políticas de Juventud) fueron el resultado de un amplio proceso de consulta. El proceso dio comienzo formalmente con la firma de un Pacto Social firmado por 44 instituciones (principalmente organizaciones juveniles y organizaciones no gubernamentales) y a partir de allí, con el respaldo del BID, del UNFPA y de la OIJ, se acordó desarrollar un proceso sustentado en cuatro actividades: (i) realización de foros regionales y sectoriales de consulta; (ii) sistematización de dichos foros; (iii) producción y distribución de materiales informativos y educativos; y (iv) ejecución de una estrategia de comunicación y difusión de resultados.
De junio a setiembre de 2005, se realizaron nueve foros de consulta, de los cuales seis fueron regionales, dos fueron sectoriales y uno tuvo carácter “integrador” de los resultados de todos los anteriores (éste último no estaba previsto y se organizó en respuesta a las recomendaciones de los participantes). Los objetivos de éste último fueron: (i) presentar y validar el informe preliminar de sistematización de los foros regionales y temáticos; (ii) presentar y validar las propuestas de contenido de una ley de juventud y de lineamientos para una política nacional de juventud; y (iii) establecer criterios para darle continuidad al proceso. En total, en todo el proceso, participaron 668 personas provenientes de 106 organizaciones civiles y 12 organizaciones de partidos políticos.
Según se establece en la sistematización de los debates, “en general, hubo coincidencia entre las percepciones y las vivencias de los jóvenes y las jóvenes participantes. La falta de trabajo o su precariedad; las dificultades para acceder a la educación y la salud o, en algunos casos, la ausencia misma de estos servicios; el debilitamiento de la identidad nacional, entre otros, aparecen como los principales problemas. La perversión y la corrupción de la política y de los políticos, el adultocentrismo, la dispersión de esfuerzos o el trabajo aislado, la pobreza y la debilidad de la descentralización, figuran entre los factores que determinan el estado de cosas en relación con la juventud. La emigración, principalmente a España, y la sensibilidad respecto a la ‘invasión' brasileña fueron temas llamativos y novedosos”.
Entre las recomendaciones formuladas, se destacan las siguientes: (i) constitución de un grupo ciudadano que actúe de contralor y de interlocutor de las instituciones responsables y los técnicos involucrados; (ii) la devolución de los resultados a los participantes; (iii) desarrollar una eficiente estrategia comunicacional; (iv) continuidad del debate; (v) atención a los “ausentes”; (vi) sistematizar y difundir la información recabada; (vii) socialización y continuidad del debate con otros actores; (viii) atender de manera especial la participación de autoridades locales y de partidos políticos; (ix) no limitar el proceso en marcha a planificar y lograr una ley y una política, atendiendo además problemas concretos de coordinación, articulación y promoción de programas y actividades (algunos sugirieron un plan de contingencia); (x) actividades de capacitación dirigidas a líderes y actores claves; (xi) revisar la metodología para mejorarla; y (xii) enmarcar los debates futuros en el desarrollo nacional y en los convenios internacionales ratificados por el Estado paraguayo.
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