Aunque existen antecedentes relevantes, relacionados con la propia creación del Vice Ministerio de la Juventud en 1994, importa rescatar las principales lecciones que deja la experiencia en políticas públicas de juventud desde el denominado “marzo paraguayo”, identificando con claridad las principales lógicas con las que se operó desde entonces, y evaluando hasta donde han ido cambiando las circunstancias que llevaron –a comienzos de 1999- a definir el modelo con el que se ha trabajado en estos últimos años.
En términos muy esquemáticos, podría decirse que el marzo paraguayo evidenció una nueva y renovada irrupción pública de la juventud en la escena política y social a nivel nacional, y sobre esa base, se intentó construir el modelo de políticas de juventud, nombrando como Vice Ministro a uno de los principales protagonistas de la resistencia juvenil al intento de Golpe de Estado finalmente abortado. Esto significó –en palabras de los protagonistas de estos procesos- el reconocimiento por parte del gobierno del importante aporte que los jóvenes habían realizado en defensa de la democracia.
El modelo que se estructuró entonces, estuvo muy marcado por el objetivo de “pagar la deuda” que la sociedad tenía con sus jóvenes, abriendo nuevos y más efectivos espacios para la participación juvenil. Así, se intentó fortalecer las redes de movimientos juveniles y de organizaciones no gubernamentales especializadas en estos temas, existentes en aquel entonces, y crear al mismo tiempo otras redes interinstitucionales, especialmente entre Oficinas Locales de Juventud y entre los principales ministerios y agencias operadoras del Poder Ejecutivo Nacional (la Red Interministerial de Juventud).
El enfoque con el que se fundamentó toda esta lógica, estaba centralmente apoyado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establecía que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, adjudicándoles esta condición a los jóvenes casi automáticamente, procurando su empoderamiento . De este modo, se pretendía superar la visión de los jóvenes como simples destinatarios pasivos de servicios públicos brindados generosamente por el Estado, entonces (y todavía hoy en buena medida) vigente. Fue, por cierto, un enfoque construido colectivamente, con la participación de muchos jóvenes organizados en diversos foros y talleres convocados a estos efectos.
En 2003, con la instalación del actual gobierno, se realizó un balance del camino recorrido, y todo parecía indicar que aunque este enfoque contribuyó a concretar algunos avances efectivos en diversas esferas de la promoción juvenil, no logró romper el círculo íntimo del trabajo exclusivamente centrado en jóvenes, sin involucrar en ningún momento a los muchos adultos (padres, docentes, policías, dirigentes comunitarios, etc.) que tienen un contacto cotidiano con los jóvenes a diferentes niveles.
En el fondo, seguramente sin proponérselo, este enfoque contribuyó a reforzar el aislamiento social de los jóvenes, y mostró serias limitaciones al momento de capitalizar aquella efervescencia juvenil de 1999. Se valoró entonces que aquella efervescencia juvenil había desaparecido (exceptuando algunas pocas movilizaciones sectoriales) y se imponía pensar los enfoques estratégicos a desplegar en el futuro inmediato sobre otras bases.
Sin embargo, las inercias propias de estas dinámicas, impidieron que se pudieran concretar cambios relevantes, y recién en este año se pudo volver a convocar a un nuevo debate entre algunos de los actores (todavía muy limitado a la participación casi exclusiva de jóvenes) para intentar –nuevamente- la aprobación de algunas herramientas básicas para operar (ley de juventud, lineamientos de política, etc.). |
