El Segundo Informe Nacional de Juventud (2006) incluye un capítulo dedicado a delinear una política pública de juventud mirando al bicentenario de la independencia chilena (2010) asumiendo “el desafío de construir una situación de país que defina, destaque y promueva claramente el valor social de la juventud, más allá y quizá en sentido contrario al énfasis que instala el mercado y las imágenes negativas que de la juventud chilena difunden los medios de comunicación”. En esta óptica, la plena inclusión social integral de las y los jóvenes implica:

• “La disminución radical de la estigmatización de lo juvenil en la conversación pública y el surgimiento de un discurso social que valorice positivamente a los y las jóvenes, sin segmentarlos o aislarlos del resto de la sociedad”.

• “La contención sistemática de los factores de exclusión social y el aumento de la inclusión plena de los y las jóvenes, a nivel funcional, político y simbólico, tanto en ámbitos como el empleo, la salud y la educación, como en el campo donde se juega la aceptación o rechazo de las identidades juveniles: la cultura”.

• “El resguardo de la calidad de vida juvenil y de la realización de una transición al mundo adulto de la manera más adecuada posible, mediante servicios de protección mínima garantizada, que establezcan un dique contra situaciones de vulneración del desarrollo y de la seguridad humana de las personas jóvenes”.

• “El potenciamiento de la asociatividad, la expresividad, la producción cultural y el voluntariado de los y las jóvenes, que permita contar con espacios públicos recuperados, marcados por la presencia de ellos junto a los demás actores de la sociedad, en un marco de clara convivencia democrática e integración”.

El cumplimiento de tales metas implica contar con una institucionalidad pública que cumpla con algunos criterios básicos. El Segundo Informe destaca los siguientes:

• “La política pública de juventud debe consistir en la movilización del conjunto del sector público a través de sus agencias, recursos y ofertas, bajo un diseño coherente basado en un diagnóstico/perspectiva adecuado. El diseño y la articulación de dicho movilización corresponden al propio Estado, con base en una instancia especializada (INJUV) mientras que la ejecución de las acciones es materia del sector público en sus diferentes niveles (desconcentrado y descentralizado)”.

• “La política pública en juventud no se agota en los programas y líneas de acción dirigidas específicamente hacia los y las jóvenes. Muchas intervenciones gubernamentales enfocadas hacia la solución de problemas sociales no específicos de un grupo de edad, también afectan y entregan beneficios a la juventud. Frente a este tipo de acciones, la misión de una política pública en juventud es identificar y generar estrategias específicas para incorporar a los y las jóvenes a dichos programas”.

• “Tanto el diseño como la articulación y la ejecución de las acciones deben ser en sí mismos de alta calidad, vale decir, oportunos, suficientes, efectivos y pertinentes, donde la participación de todos los ciudadanos (no sólo los y las jóvenes) en la definición y evaluación de sus contenidos es medular, en tanto aporta al aumento de la calidad, al tiempo que realiza un principio propio de la calidad democrática del gobierno y de la gestión pública: la participación ciudadana”.

• “La acción estatal para la realización de esta política pública de juventud debe reconocer, eso sí, el límite de la autonomía cívica para gestar procesos y construir identidades o demandas. Dicho reconocimiento tiene que ser traspasado al conjunto de los actores institucionales y a la propia ciudadanía, de tal manera que no se espere que la acción estatal ocupe los espacios y roles que corresponden a la sociedad civil”.

“Con base en estos criterios es necesario que el Estado se entregue a la tarea de intervenir a través de sus instituciones e instrumentos y bajo la coordinación del INJUV, en tres líneas estratégicas de acción”:

• “Identidad pública de los y las jóvenes: hacia su inclusión simbólica”.

• “Calidad de vida y desarrollo juvenil: establecimiento de un conjunto de derechos mínimos garantizados”.

• “Influencia de los y las jóvenes en el curso de las decisiones y en la vida pública”.

El Segundo Informe detalla las propuestas correspondientes en cada una de las tres líneas de acción establecidas, pero no se incluyen aquí por simples razones de espacio. En todo caso, importa agregar que de acuerdo a este enfoque, “tal política debe incluir una función de articulación integradora … cuya función primordial es lograr que el Estado en su conjunto instrumente de manera coherente la oferta completa”.

“Tal organización o agencia necesita, para cumplir cabalmente su función, las siguiente potencialidades: (i) recursos humanos, materiales y financieros (capital económico); (ii) saber, conocimiento y competencias de alto nivel que la hagan ser efectiva (capital cultural); (iii) prestigio y legitimidad real (capital simbólico); (iv) alianzas múltiples y redes de confianza que faciliten su trabajo y aumenten los resultados del mismo (capital social); (v) respaldo y autonomía para ejercer el rol de rectoría y articulación que le corresponde (capital político).

“El Estado chileno dispone de un instrumento institucional, el INJUV, que necesita ser cualificado de modo tal que pueda orientar al conjunto del aparato público, empujándolo a la acción coherente a favor de los y las jóvenes. Con el fin de lograr estas condiciones, el INJUV debe reconocer las siguientes tres funciones principales: (i) observación directa de los y las jóvenes; (ii) diseño, innovación y transferencia en políticas públicas; y (iii) articulación técnica y política e introducción de una perspectiva de juventud en el Estado”. Naturalmente, el Segundo Informe detalla el contenido de cada una de estas propuestas, pero simples razones de espacio, no nos permiten incluir dicho detalle en este boletín.

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