El equipo técnico que tuvo que hacerse cargo del ajuste post crisis (1997) se concentra desde un inicio en la “normalización” del funcionamiento del Instituto, procurando adecuar la planta de funcionarios y el esquema interno de funcionamiento a las nuevas orientaciones predominantes. En este nuevo marco, el INJ (ahora INJUV) tiende a recuperar sus roles originales (establecidos en la ley que le dio origen) tratando de asumir –más radicalmente- su función de asesor del Estado en materia de juventud, y de orientador general del conjunto de la política pública referida a los jóvenes, alejándose decididamente de la ejecución directa de programas y proyectos específicos.

Para ello, se postula que el Instituto no necesita contar con promotores juveniles, y que por el contrario, necesita contar con técnicos rigurosamente formados en el diseño, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. En la misma línea, se postula que el INJUV debe estar bien posicionado en la estructura institucional de todos los poderes del Estado, contando con nexos fluidos con cada una de las Secretarías de Estado, con el Parlamento y con la Justicia, contando a su vez y prioritariamente con capacidades para lograr que los jóvenes estuvieran adecuadamente priorizados en las asignaciones presupuestales del Ministerio de Hacienda, y presentes –con enfoques precisos y pertinentes- en la estrategia comunicacional del gobierno.

En este nuevo esquema, el INJUV debiera contar con la mejor y más completa información y conocimiento sobre los jóvenes y su realidad, un sistema integrado de evaluación de programas públicos relacionados con los jóvenes, un vínculo expedito con el área de comunicaciones del gobierno y con el parlamento, y equipos técnicos y humanos del más alto nivel y con la más alta motivación para encarar sus tareas.

En el centro de este nuevo enfoque figuran dos variantes fundamentales respecto a los anteriormente dominantes: por un lado, diagnósticos más precisos, que no ven a los jóvenes como una “amenaza” o un “problema” y que los visualizan como “ciudadanos” con derechos y deberes propios, y por otro, una concepción de las políticas públicas que apuesta decididamente a la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la pertinencia de la gestión (en consonancia con los enfoques que promueven la modernización del Estado a todos los niveles) que exige una clara distribución de roles y funciones entre las diferentes instituciones operantes en un mismo dominio.

En todo caso, el enfoque asumido requiere de la existencia de un entorno favorable para su desarrollo, en especial en lo que atañe a la verdadera disposición de las diversas instituciones públicas ligadas con la temática juvenil, a coordinar efectivamente sus acciones, a los efectos de potenciar al máximo los impactos del conjunto en los destinatarios naturales de sus esfuerzos, es decir, los jóvenes como tal. Y esto, como se sabe, es más fácil de enunciar que de asumir efectivamente, con lo cual, para mostrar impactos efectivos, se requiere siempre más tiempo del que se dispone efectivamente. Allí, posiblemente, radicó el principal problema en esta etapa, y la evolución más recientes de las políticas públicas, parece mostrar que el tiempo disponible, se acabó con la instalación del nuevo gobierno en el año 2000.

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