Sobre la base de las evaluaciones del PROJOVEN, el segundo gobierno de la Concertación instalado en 1995, intentó reformular enfoques y prioridades, a los efectos de mejorar los impactos de las políticas públicas. Así, los diagnósticos de mediados de los noventa comenzaron a constatar un fenómeno nuevo y sumamente preocupante: el creciente “pasotismo” que entre los jóvenes, generaba fuertes distanciamientos entre éstos y las principales instituciones democráticas, algo que muchas otras democracias emergentes en la región, habían venido constatando en términos de “desencanto”.

Desde esta óptica, el pasotismo obedecía a fenómenos propios de todos los procesos de reconstrucción democrática, que no podían –desde ningún punto de vista- hacerse cargo de todas las demandas planteadas a la vez (dada la complejidad y gravedad de los problemas a encarar) por lo cual, los sectores que no vieran satisfechas sus necesidades, se iban a ir distanciando del proceso paulatinamente, especialmente en lo que hacía referencia a las principales instituciones del Estado central (Parlamento, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, etc.). Por ello, las respuestas que comenzaron a delinearse, procuraron respaldarse decididamente en los espacios locales, tratando de descentralizar al máximo las diferentes iniciativas programáticas.

En dicho marco, se procedió a estructurar secretarías de juventud en las municipalidades de todas las regiones del país, instalando allí equipos técnicos y promotores juveniles que debían involucrarse más dinámica y directamente en la vida cotidiana de los jóvenes, procurando entablar diálogos directos que permitieran mejorar las percepciones de los jóvenes sobre la propia reconstrucción democrática y al mismo tiempo, mejorar las percepciones del aparato estatal respecto de las demandas reales de los jóvenes. En dicho marco, surgirían las respuestas más pertinentes, desde un enfoque integrador –en el espacio local- de las diferentes ofertas de servicios existentes desde el Estado central.

Pero en este caso, el enfoque se centró excesivamente en la organización y movilización juvenil, descuidando las otras responsabilidades, con lo cual, se comenzaron a generar tensiones de todo tipo con las diferentes Secretarías de Estado, y hasta con los partidos políticos integrantes de la Concertación gubernamental, en la medida en que se observaba con preocupación la creciente inversión de recursos destinada a contratar animadores y promotores juveniles, sin que ello redundara en la puesta en práctica de programas específicos en las diferentes áreas priorizadas.

En todo caso, despejado en gran medida el miedo a la eventual irrupción violenta de los jóvenes (los jóvenes ya no eran vistos como una “amenaza”, aunque emergía cada vez con más fuerza la imagen de los jóvenes como “problema”, ligados al consumo de drogas y demás actitudes censuradas por el mundo adulto), el Instituto Nacional de la Juventud tuvo más espacios para desarrollar la vertiente programática ligada con la participación juvenil, sin medir correctamente las reacciones que ello iba generando. Las tensiones crecieron, hasta que el modelo hizo crisis en 1997, y el equipo que dirigía el INJ fue sustituido por otro elenco técnico y otro enfoque de trabajo, reduciendo sustancialmente el alcance de sus trabajos efectivos.

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