La primera gran respuesta del gobierno democrático instalado en 1990 a las dinámicas de la juventud, fue el diseño e implementación del denominado “Programa de Oportunidades para los Jóvenes” (PROJOVEN), que fuera presentado públicamente por el propio Presidente de la República, en una cadena radial y televisiva especial. El diagnóstico básico, tomaba debida nota de la notoria exclusión social generada durante la dictadura, que afectaba significativamente a los jóvenes, especialmente en el caso de los habitantes de las zonas populares urbanas. Por ello, el programa estuvo teñido por dos aspectos centrales: la necesidad de pagar la “deuda social” generada con los jóvenes, y la prevención de la “amenaza” que podía significar dicha exclusión, en términos de irrupciones sociales violentas.

El programa se centró en el fomento de la integración social de los jóvenes, y para ello desarrolló diversas iniciativas específicas, destacándose –por sus dimensiones- el Programa de Capacitación Laboral “Chile Joven”, que contó con 80 millones de dólares para su puesta en práctica. En paralelo, se desarrollaron iniciativas ligadas con la oferta de servicios en la esfera de la recreación, la cultura, la salud, la vivienda y la participación, entre las más relevantes. Y para que todo ello funcionara del modo más articulado posible, se crearon instancias institucionales específicas, tales como el Instituto Nacional de la Juventud (creado por Ley) y la Comisión Interministerial de Políticas de Juventud, creada para diseñar, implementar y evaluar el PROJOVEN.

Pero en la práctica, convivían dos grandes tipos de programas: por un lado, los que propendían a la integración social de los jóvenes excluidos, entendiendo a la juventud como el “futuro” a preparar para su incorporación social como adultos, y por otro, los que propendían a generar espacios para la participación y la construcción de identidades juveniles, entendiendo al joven como un sujeto del presente. Ambas perspectivas, estuvieron superpuestas en la lógica operativa del Estado, “fragmentando” a los jóvenes, pero tomándolos siempre como “demandantes” de servicios públicos y de espacios para su participación específica.

Sin embargo, en ningún momento se analizaron a fondo las causas de la exclusión juvenil, incluyendo su posible incidencia en las supuestas irrupciones violentas. En todo caso, se asumía que aquella exclusión era fruto del modelo neoliberal impuesto por la dictadura, que al ser sustituido por otro modelo más “incluyente” iría promoviendo el bienestar de los jóvenes en base a una adecuada inversión de recursos en los programas priorizados. Las evaluaciones realizadas a posteriori, demostraron que no obstante la fuerte inversión realizada, la exclusión juvenil seguía siendo elevada, y las percepciones de los jóvenes eran cada vez más críticas.

De todos modos, el PROJOVEN se transformó en un referente central de los esfuerzos promocionales relacionados con las y los jóvenes en América Latina, y bajo su influjo, se trataron de desarrollar muchos otros esfuerzos similares en varios países de la región. De algún modo, con sus aciertos y con sus limitaciones, alimentó en gran medida la reflexión y la acción de quienes trabajan en estos dominios.

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